Jorge Gómez Barata
En 1978 Fidel Castro condujo los Diálogos con la Comunidad Cubana en el Exterior. Treinta y tres años antes de hacerlo con el gobierno de los Estados Unidos, Cuba inició la normalización de las relaciones con los emigrados y exiliados cubanos radicados allí.
En el período trascurrido desde los Diálogos del 78, en los cuales se acordó el inicio de los viajes que facilitaron los contactos familiares, académicos, culturales y políticos, se registraron otros avances, como fueron la introducción del Permiso de Residencia en el Exterior, la recepción de remesas, la despenalización de la emigración ilegal, y más recientemente la Reforma Migratoria de 2013, que en conjunto, han conducido a la apertura y flexibilización de la política migratoria y las relaciones con los residentes en el exterior.
A pesar de esos progresos que han contribuido a reducir tensiones al interior de la sociedad cubana, debido al bloqueo norteamericano y a la falta de prioridad concedida al tema, no se han registrados avances notables en la inserción de los emigrados en diferentes aspectos de la vida nacional, especialmente en los procesos económicos.
De cara a las reformas en curso, y consecuente con los esfuerzos por la normalización de los vínculos con Estados Unidos, parece pertinente dar pasos concretos para sustentar jurídicamente la definición de que los emigrados, que conservan la ciudadanía, hecho evidenciado en el derecho a poseer pasaporte cubano y en la obligación de portarlo cuando viajan a la Isla, son a todos los efectos ciudadanos cubanos.
Entre esos emigrados los hay que desearían participar legal y abiertamente en los procesos económicos nacionales, y cuentan con la solvencia necesaria para hacerlo. No se trata de los multimillonarios, sino de aquellos que, a fuerza de trabajo honrado y talento, han acumulado recursos, y cuentan con posibilidades de crédito que los habilita para fundar y operar negocios en Cuba.
Las preguntas son: ¿En su calidad de ciudadanos cubanos, los emigrados poseen el derecho a participar en los procesos económicos nacionales? En caso afirmativo: ¿Existen políticas que los favorezcan?
Es obvio que para sumar a esos compatriotas a los esfuerzos nacionales, aprovechar los conocimientos y habilidades gerenciales que han adquirido, y permitirles obtener las ventajas que de ello puede derivarse, es preciso ajustar la doctrina respecto a la pequeña y mediana empresa privada que es la escala en que su intervención puede ser sustantiva.
Resulta claro que ello requiere de ajustes en los lineamientos para la actualización del modelo económico, y de actos jurídicos que solo puede dictar la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado, y en lo cual pudiera avanzarse para favorecer los esfuerzos del país en las direcciones principales.
Naturalmente, la normalización de las relaciones con Estados Unidos y el fin del bloqueo que parece visible, deberá considerar a los millones de cubanos residentes en el extranjero que poseen intereses legítimos y no son adversarios ni compañeros de viaje.
De lo que se trata es unir aún más a la nación, sumando a los afectos familiares y los referentes culturales, intereses económicos legítimos. Hacer del proyecto de país que se promueve un conjunto de metas compartidas, es un cometido de relevancia histórica.
El estado nacional que incluye y representa a todos los cubanos, trabaja por su unidad, vela por sus derechos, y exige por sus deberes; y a las organizaciones políticas que lo rigen, corresponde pasar páginas, abrir caminos, y ofrecer opciones. Allá nos vemos.
La Habana, 13 de noviembre de 2015
